A la vista que el comunicado de hoy de ETA ha puesto al proceso de paz en Euskady en una situación comprometida, quisiera rescatar del olvido un artículo que escribí a los poco días de la declalración del alto el fuego de ETA, y que ahora he considerado necesario volver a compartirlo con todos ustedes, pues en la situación actual vuelve a recobrar toda su significación política:

La razón democrática y el proceso de paz en Euskadi (24-03-06)

Estos días, el estado entero vive revolucionado por el anuncio de ETA de un alto el fuego permanente. Una noticia, no por esperada, menos satisfactoria para quienes creemos posible un proceso de paz en el País Vasco que nos conduzca, de una vez y para siempre, a un escenario donde las ideas y los votos se impongan a la coacción, el chantaje, la violencia y el totalitarismo. Sería imperdonable que el gobierno del estado no explore hasta el último de los caminos -democráticamente aceptable- para conseguirlo. Como sería imperdonable un nuevo engaño de la banda armada.

ETA es conocedora del grado de credibilidad que actualmente tiene de cara a la opinión pública estatal, es decir, ninguna. También sabe, que difícilmente encontrará un mejor panorama para dar una salida dialogada a su situación, puesto que el actual presidente del estado –y esto no es ninguna defensa de la política de Zapatero- ha demostrado un talante que da pie a pensar en ello, ya que no parece ser de los que se asuste ante los grandes retos políticos, ni de los que anteponga su gloria personal a las necesidades lógicas de los tiempos políticos. Por eso, me atrevo a afirmar que esta vez la decisión de la banda terrorista va más allá de una mera jugada estratégica, aunque los acontecimientos del pasado nos den motivos sobrados para pensar lo contrario. La ilusión que ha desatado la decisión de los terroristas entre amplias capas de los ciudadanos del estado –incluida una inmensa mayoría de la izquierda abertzale- debería constituir una presión insostenible para la propia banda, pues de volver a retomar las armas, su aislamiento social, internacional y político, incluso entre quienes en un pasado los hubieran podido mirar con condescendencia, sería el mayor problema que una organización de este tipo pueda tener. Según se ha podido saber en las últimas horas, en los contactos previos a la declaración del alto el fuego han intervenido destacados personajes del proceso de pacificación del Ulster, lo cual es verdaderamente sintomático si tenemos en cuenta como se desarrollaron los hechos en esta región europea. La experiencia que este tipo de gente puede aportar al proceso, es, sin duda, uno de los mayores síntomas de esperanza que debemos destacar de la información que hemos conocido hasta el momento. La vinculación que ETA ha tenido históricamente con los nacionalistas irlandeses, ha sido siempre uno de los mayores apoyos internacionales de la banda, lo cual me induce a pensar que la influencia de los mediadores irlandeses ha sido una de las claves en la declaración del alto el fuego. Si esto fuera así –y hay sobrados motivos para pensar que lo es-, probablemente estemos asistiendo a un momento histórico, una situación similar al alto el fuego declarado por el IRA en 1994 y que acabó por permitir el desarrollo de los famosos acuerdos de Viernes Santo. Pero de momento, todo lo que debemos hacer es mantener viva la llama de la ilusión y esperar a ver como se desarrollan los acontecimientos.

No tardaremos mucho en darnos cuenta hasta que punto ETA se encuentra comprometida con sus –supuestos- deseos de iniciar un verdadero proceso de paz. Que nadie se engañe, si el alto el fuego se limita a la no realización de atentados mientras ETA y su entorno más radical siguen con el resto de su amplia gama de actividades delictivas –kale borroka, impuesto revolucionario, amenazas, etc.-, en menos de dos años volveremos a estar hablando de una tregua trampa. Confiemos, pues, en que el alto el fuego se extienda a todas las actividades delictivas del entramado terrorista, algo que sería la muestra más evidente del compromiso político de quienes durante más de cuarenta años han utilizado el asesinato como arma para la consecución de sus objetivos. Si realmente esto sucediera así, más que probablemente estaríamos hablando del primer paso hacia el momento en que los miembros de ETA lean, sin mascara, el comunicado definitivo: aquel que hable de la entrega de las armas y la disolución de la organización. Sin embargo, y tomando como un supuesto la disposición real de la banda a negociar, sería iluso pensar que se pueda llegar a esta situación sin que el compromiso sea recíproco por parte del gobierno. Sin pagar precio político alguno, existen una serie de medidas que obligatoriamente el gobierno ha de afrontar para llevar a buen puerto las negociaciones: la legalización de Batasuna, el fin de la dispersión de los presos y la apertura de una mesa de partidos donde el problema político vasco se afronte democráticamente. Cualquier negativa del gobierno a negociar sobre alguna de estas cuestiones supondría una ruptura segura del proceso, una ruptura a la que, previa acusación de responsabilidad al gobierno, los terroristas sacarían un beneficio mediático que los realzaría hasta niveles de credibilidad y aceptación similares a los tiempos del asesinato de Carrero Blanco. Algo que solo quienes sacan provecho político de la existencia de ETA podrían celebrar.

Pero la situación va más allá. Todos sabemos que la autodeterminación es la principal reclamación de la banda terrorista y su entorno. El señor Zapatero ha asegurado que jamás otorgara tal derecho al pueblo vasco, algo de lo que, imagino, ETA ha debido tomar buena nota. Descartando que en la mesa de partidos se pueda tratar este tema –pensar lo contrario sería ingenuo-, lo que parece evidente es que se debe negociar un marco político donde todas las ideas que respeten los derechos y libertades de los ciudadanos tengan derecho a ser expresadas, y, lo que es verdaderamente importante, potencialmente realizables. La democracia, por definición, no es solo un sistema político donde todas las opiniones se puedan defender libremente – a eso se le llama libertad de expresión- si no un sistema donde todas ellas sean potencialmente realizables y puestas en práctica. Teniendo en cuenta esto –supongo que nadie que se considere demócrata podrá estar en desacuerdo con ello- una cosa parece evidente: la constitución española ha de ser reformada. Sin entrar en matices legales más profundos, hay al menos una parte de la constitución que no puede ser compatible con esta visión de la democracia, es decir, aquella parte donde se habla de la indisolubilidad del estado español. Un estado que es indisoluble por principio, no permite la realización de proyectos políticos independentistas, con lo cual, todos los derechos que dentro de ese estado poseen quienes así se sientan, es la libertad para expresar su opinión, pero jamás la posibilidad real de transformarla en un hecho político consumado. Un estado que se organice de esta manera, que ancle su integridad territorial sobre esta vía, no puede ser jamás un estado verdaderamente democrático, todo lo contrario, es un estado nacionalista y totalitario. Por supuesto que el estado está en su derecho de protegerse legalmente contra proyectos políticos que traten de escindir alguno de sus entes territoriales, pero nunca desde el totalitarismo. La constitución española puede hablar de soberanía nacional, determinar que el único sujeto político dotado de su derecho a la autodeterminación es el pueblo español en su conjunto –lo cual implicaría la aprobación mayoritaria de sus ciudadanos para el consentimiento de la independencia de una parte-, pero no es aceptable que hable de la indisolubilidad del estado.

Algunos dirán que aceptar que el estado español es potencialmente disoluble es el principio del fin de España como nación, otros dirán que es el puente hacia el reconocimiento del derecho a la autodeterminación a los nacionalistas periféricos, y todos ellos pudieran tener su parte de razón, pero el miedo a la ruptura de España nunca puede estar por encima de la razón democrática. Y la razón democrática nos dice que la democracia es libertad, y la libertad es el verdadero derecho irrenunciable de todos y cada uno de los ciudadanos del estado, incluidos los que, como yo, somos independentistas.

Pedro Antonio Honrubia Hurtado