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Hace tiempo que muchos venimos pensando en el uso político que algunos sectores ideológicos hacen de los asesinatos y los muertos de la Banda terrorista ETA. Lo que antes pudiera ser solo una sospecha, ahora, una vez ETA ha puesto sobre la mesa la posibilidad de dar una salida negociada al conflicto vasco, se ha convertido en un realidad. El conservadurismo español está que trina con la hipotética eventualidad de negociar con los terroristas, sobre todo si de lo que se trata es de poner encima de la mesa cuestiones relativas a los presos de la organización. Debemos tener respeto por las víctimas, hay que proteger el estado de derecho, en honor a la justicia no se puede negociar con asesinos, nos dicen. Un discurso que, en términos morales, puede que tenga un amplio calado entre la opinión pública estatal, pero que en términos políticos no conduce a ningún sitio. No lo digo yo, lo dice la historia universal.

No existe en la historia contemporánea un solo conflicto armado, político o geoestratégico que no haya necesitado de una mesa de negociaciones para su resolución. Incluso en aquellos casos donde los vencedores tenían todo lo necesario para imponer su postura por la fuerza de las armas, una mesa de negociaciones dictaminó las cláusulas de rendición para los vencidos. Máxime si el conflicto en cuestión, más que una guerra en sí misma, es un conflicto político entre un estado legítimo y una organización terrorista. Hablar de paz en estos casos, en realidad, es hablar de un proceso de normalización política que tiene repercusiones en la calidad de vida de la sociedad civil del territorio en conflicto. Los acuerdos de viernes santo en el Ulster, las hojas de ruta en Palestina, los acuerdos de la Haya para el conflicto en Filipinas, las resoluciones de la ONU relativas a la cuestión del Sahara Occidental, los innumerables casos de los estados de América Latina (El Salvador, Guatemala, Nicaragua, etc.) o los acuerdos alcanzados para la resolución de conflictos en países africanos (Ruanda, Liberia, Sudáfrica, Costa de Marfil, etc.) son ejemplos recientes de la obligatoriedad que tienen los gobiernos de sentarse a negociar si quieren trazar un plan para acabar, de una vez y para siempre, con la existencia de la violencia terrorista. En todos estos casos, al igual que ocurre hoy día con el conflicto vasco, se daba un enfrentamiento – más o menos crudo- entre un gobierno legítimo y una organización terrorista, bien fuera esta una guerrilla, bien fuera una banda terrorista. Y en todos, absolutamente en todos, había miles de muertos encima de la mesa. Afortunadamente, muchos de estos acuerdos han servido para normalizar la situación del estado en cuestión, y hoy día, la sociedad civil puede vivir en paz.

La conclusión que se desprende de todo esto es bien sencilla: La resolución de todos los conflictos políticos necesita una negociación, y en la negociación ambas partes han de estar dispuestas a hacer concesiones para alcanzar el acuerdo. Cualquier otra postura es abocar por el fracaso de las negociaciones, y el conflicto vasco no es ninguna excepción a esta regla. En la situación actual, en nombre de una supuesta moral infranqueable, el conservadurismo español está intentando poner límites a la negociación que ha de venir. Nada de amnistías generalizadas, ni acuerdos para la indulgencia de los terroristas, es más, nada de poner fin a la política de dispersión de presos. Sobre esta base sustentan estos señores sus reivindicaciones. A primera vista pudiera parecer una postura muy razonable, pero tras un análisis profundo nos damos cuenta que, a la larga, deberá ser la mesa de negociaciones quien se encargue de decir hasta que punto es válida. Lo que quiero decir, es que el gobierno no debe sentirse cohibido por el conservadurismo español a la hora de entablar las negociaciones y alcanzar los acuerdos que fueran necesarios para la paz, siempre y cuando se respete el derecho de las víctimas a recibir la justicia que merecen. Si de mí dependiera, pondría un límite: no negociar el perdón a quienes cuentan en su historial con la realización material de un atentado con resultado de muerte. A partir de aquí todo es negociable si con ello pudiéramos lograr la disolución de ETA y el fin de la violencia terrorista. Una mesa de negociaciones no está para hacer moral, una mesa de negociaciones está para hacer política.

Y es que, aunque el conservadurismo español nos quiera hacer creer lo contrario, moral y política son campos diferenciados. Según el diccionario de la R.A.E., la política es la actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos. Por su parte, la moral es la ciencia que trata del bien en general, y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia. Sin duda, una política democrática exige de una carga moral positiva para satisfacer los intereses, los derechos y las libertades de los ciudadanos de un estado, pero una política seria, que aspire a ordenar jurídicamente un estado en busca de la maximización del bienestar del global de sus ciudadanos, a veces debe pasar por encima de la moral -aplicable a los casos concretos- si aspira verdaderamente a ello. Por mucha carga moral que nos produzca la situación de una persona hambrienta, debe haber una ley que regule el robo de comida en los establecimientos expendedores, puesto que, de no ser así, la generalización de la norma podría acabar convirtiendo al estado en un caos. Por mucha carga moral que nos produzca la situación de los países subdesarrollados, debe haber una ley –más o menos flexible- que regule la identidad de los ciudadanos del estado, y ponga ciertos límites a la llegada de extranjeros, pues de lo contrario, con la generalización de la norma, el estado y su sociedad acabarían por convertirse en un caos. Pues bien, por mucha carga moral que nos produzcan los muertos de ETA, hemos de asumir que, a la vista de la historia contemporánea universal, ha de haber una mesa de negociaciones que tome una serie de decisiones legales que nos conduzcan al fin del conflicto terrorista en el País Vasco. Y para ello hemos de hacer caso de la política y no de la moral. Para ello, hemos de aceptar que se pueden tomar decisiones que muchos pudieran considerar amorales. Máxime, cuando los que defienden la postura moral no tienen, valga la redundancia, ni la más mínima autoridad moral para ello. ¡Que no me hablen de moral quienes tienen entre sus filas a ex dirigentes de un régimen fascista que fue responsable de cuarenta años de dictadura, miles de muertos, centenares de miles de presos políticos y millones de exiliados! ¡Que no me hablen de moral quienes apoyaron una guerra que ha causado ya –suma y sigue- más de cuarenta mil muertos civiles inocentes! ¡Que no me hablen de moral quienes se consideran amigos y aliados de un estado que aplica sistemáticamente la pena de muerte y que está a punto de aprobar una ley donde se criminaliza a las personas por no tener los papeles de residencia! ¡Que no me hablen de moral quienes propusieron y apoyaron la realización de un golpe de estado en Venezuela contra un gobierno legítimamente apoyado por las urnas! ¡Que no me hablen de moral quienes se manifiestan en contra de los derechos de las personas según tengan una u otra condición sexual! ¡No! ¡Ustedes no tienen ningún derecho para poner la moral encima de la mesa de negociaciones! Ustedes lo que nos quieren imponer es su moralina del tres al cuarto. ¡No la queremos! Ustedes lo que tienen es miedo, mucho miedo.

Miedo a que las armas callen y los votos hablen. Miedo a quedarse sin argumentos para defender sus ideales retrógrados y nacionalistas totalitarios. Miedo a que los individuos puedan defender –y aspirar a ver realizadas en acto- libremente ideologías que no les gustan o que atentan contra su idea de España. Miedo a que la historia les haga pagar por tanta mentira y tanta basura antidemocrática. Miedo, mucho miedo, eso es lo que tienen. Pero no de ETA., miedo de la democracia.